WASHINGTON (CNS) — Un juez federal ordenó el 9 de agosto el regreso inmediato a Estados Unidos de dos salvadoreñas, madre e hija, que solicitaban asilo y fueron deportadas sin aviso previo de Texas hacia su país de origen.
La deportación ocurrió mientras el juez consideraba una demanda en contra de la política de la administración Trump que bloquea acceso a solicitar asilo para extranjeros que expresan temor por la violencia doméstica o de pandillas.
El juez de distrito federal Emmet G. Sullivan amenazó con desacato al secretario de justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, si no regresaba a la madre y la hija al país. El gobierno las había mandado un avión en rumbo a El Salvador. Aunque el avión en que ellas iban aterrizó en El Salvador, “en cumplimiento de la orden judicial, al llegar a El Salvador las demandantes no desembarcaron y fueron prontamente devueltas a Estados Unidos”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tarde el 9 de agosto.
La mujer y su hija son parte de aproximadamente una docena de demandantes representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandando lo que ellos dicen que es una evisceración de “protecciones de asilo para inmigrantes que huyen de la violencia doméstica y la brutalidad pandillera”.
El caso Grace v. Sessions, presentado en la corte federal de Washington el 7 de agosto, demanda lo que la ACLU dice que son nuevas reglas de “remoción expedita” de Sessions que instruyen a los funcionarios de asilo a denegar “generalmente” las solicitudes de asilo basadas en miedo a la violencia de pandillas o abuso doméstico.
Sessions dijo en una decisión del 11 de junio que el miedo a la violencia pandillera y al abuso doméstico en otro país no son bases para solicitar asilo.
“El estatuto de asilo no proporciona una solución a esa mala fortuna”, dice la decisión de Sessions.
La mujer envuelta en el caso, quien regresó con su hija a Texas el mismo día que fueron deportadas, en su solicitud dijo que le temía a la violencia de pandillas y al abuso doméstico si regresaba a El Salvador. La ACLU dijo en la demanda que la mujer, identificada como Carmen, fue durante años abusada por su esposo, incluso fue violada sexualmente. Ella también dijo que enfrentaba extorsión por parte de pandillas en El Salvador.
El periódico norteamericano The Washington Post informó el 9 de agosto que cuando el juez escuchó que las dos implicadas en el caso habían sido deportadas dijo que era “bastante indignante”, que alguien que buscaba justicia en una corte de Estados Unidos hubiera sido desaparecida mientras sus abogados estaban argumentando a favor de justicia.