WASHINGTON (CNS) -- Un juez federal el 11 de octubre bloqueó un intento de la administración Trump de negarle el estatus legal a algunos inmigrantes que han solicitado ayuda pública del gobierno.

El juez George B. Daniels, de la corte del distrito sur de Nueva York, dijo que la regulación --que estaba cerca de entrar en efecto el 15 de octubre-- hubiera causado "un daño irreparable".

Algunos grupos católicos, incluyendo la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. (USCCB), habían iniciado una batalla legal contra su implementación y aplaudieron la decisión.

"Nos complace esta decisión con sentido común", dijo Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red Católica Legal de Inmigración Inc., conocida como CLINIC. "Esperamos que esto disipe las preocupaciones de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que sienten temor al usar servicios, a los cuales ellos y sus familias tienen derecho".

La regulación habría obstaculizado el camino a la legalización del estado migratorio para migrantes pobres, quienes habrían tenido que elegir entre pasar dificultades u obtener una tarjeta verde u otros documentos legales para permanecer en el país.

La USCCB durante mucho tiempo viene oponiéndose a lo que se conoce como "la regla de carga pública".

Por medio de un comunicado el 13 de agosto, los presidentes de dos comités de la USCCB expresaron la oposición de los obispos a la regulación propuesta.

"Hemos visto la cultura de miedo generada en nuestras comunidades al anunciarse esta regulación. En definitiva, creemos que esta medida entra en conflicto con la dignidad de la persona y el bien común que todos nosotros estamos llamados a apoyar", manifestaron el obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas, presidente del comité de migración, y el obispo Frank J. Dewane de Venice, Florida, presidente del comité de justicia y desarrollo humano a nivel nacional.

Después de que se diera a conocer la decisión del 11 de octubre, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración tuiteó lo siguiente: "A los inmigrantes y sus familias: Sus familia deben seguir utilizando sin temor los servicios para los cuales son elegibles".