WASHINGTON (CNS) -- La administración del presidente Donald Trump anunció que los departamentos de justicia y seguridad nacional de los Estados Unidos, están adoptando "una regla de tercer país" provisional que requiere que inmigrantes que buscan asilo en la frontera de Estados Unidos con México primero soliciten el estatus de refugiado en otro país.

La noticia de su rápida implementación el 16 de julio generó rechazo por parte de lideres católicos y otros defensores de los inmigrantes, incluso del presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), el cardenal Daniel N. DiNardo de Galveston-Houston.

Como había comprometido hacerlo, la organizacion American Civil Liberties Union el mismo día presentó una demanda legal en contra del reglamento en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California, el cual tiene su sede en San Francisco. En representación de cuatro grupos de defensa de inmigrantes con sede en California, la ACLU dijo que la medida viola las leyes federales de inmigración y regulación. El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, calificó a la nueva regla de que la administración de Trump como una forma "extrema" y otro obstáculo en una larga lucha para prohibir asilo.

El cardenal DiNardo dijo que la nueva regulación que limita "drásticamente" el asilo es "inaceptable", en especial porque la misma se suma a las "equivocadas e indefendibles" acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de ejecutar las órdenes de deportación de algunos inmigrantes.

"Intentar evitar que las personas migren hacia acá, cuando están huyendo para salvar sus vidas y encontrar seguridad para sus familias, es contrario a los valores cristianos y estadounidenses", dijo el cardenal DiNardo el 16 de julio en un comunicado.

Las acciones de ICE están generando miedo en las comunidades inmigrantes y han aumentado a "este clima de miedo" una inaceptable acción adicional para limitar el acceso de individuos y familias a buscar protección en los Estados Unidos, dijo el cardenal.

"La regulación agrega más barreras a solicitantes de asilo para acceder a la protección para salvar su vida, elude nuestro deber moral y evitará que Estados Unidos asuma su usual rol de liderazgo en la comunidad internacional como proveedor de protección de asilo", continuó el cardenal. "Además, mientras se sigue revisando la medida, el análisis inicial plantea serias dudas sobre su legalidad".

Instó al presidente Trump a que "reconsidere estas acciones, la nueva regulación y su enfoque de solo hacer cumplir la ley".

"Pido que se le permita a esas personas que huyen tratando de salvar sus vidas, buscar refugio en los Estados Unidos y que se les otorgue el debido proceso a todos aquellos que enfrentan procesos de deportación. Todos los que están dentro o en nuestras fronteras deben ser tratados con compasión y dignidad", agregó el cardenal DiNardo.

Christopher Kerr, director ejecutivo de la Red de Solidaridad Ignaciana, también ofreció reacción a la nueva regla.

"Ayer, los católicos en diferentes partes del mundo que asistieron a Misa escucharon 'la parábola del buen samaritano' y un mensaje de amor al prójimo proclamado en el Evangelio", dijo Kerr el 15 de julio. "Hoy, nuestra nación se despertó con la noticia de que el presidente de los Estados Unidos está buscando cortarle el acceso a seguridad y refugio a familias centroamericanas que están enfrentando una violencia, represión y pobreza horrible en sus países de origen".

"Este no es el acto de un buen samaritano, por el contrario es un esfuerzo que no respeta la propia dignidad de aquellos que buscan asilo en nuestro país", dijo Kerr.

La regulación no solo tendrá "un profundo impacto en los centroamericanos que encaran pobreza y violencia de las pandillas", sino también afectará a personas de muchos otros países que buscan escapar persecución religiosa y otras formas de abuso", dijo.

"El asilo es un proceso para salvar vidas internacionalmente reconocido que está firmemente incorporado a la historia y ley de Estados Unidos", expresó Anna Gallagher, directora ejecutiva de la Red Católica Legal de Inmigración Inc. (CLINIC). "Intentar socavar este proceso es una traición a la historia estadounidense y a nuestro sistema legal. Los solicitantes de asilo necesitan nuestra protección, no otra puerta que se cierra en su cara".

Los comentarios de Gallagher fueron incluidos en un comunicado de prensa conjunto con la reacción de varios grupos de fe, emitido el 15 de julio por la Coalición Interfé de Inmigración.

"Como dijo la semana pasada el papa Francisco en su retorno a la isla de Lampedusa que recibe inmigrantes, estamos llamados a ser --como nos piden las Escrituras-- 'esos ángeles, ascendiendo y descendiendo, que cobijan bajo sus alas a los pequeños, al pobre, al enfermo, a aquellos excluidos'. Nuestro llamado a cuidar de los demás no puede ser más sencillo que eso", añadió Gallagher.

Kathryn Johnson, coordinadora de promoción de las políticas del Comité de Servicio de Amigos de Estados Unidos (American Friends Service Committee), dijo que en un momento de "múltiples crisis de refugiados en el mundo, los Estados Unidos debería estar expandiendo la protección estadounidense a refugiados, solicitantes de asilo y otros que buscan seguridad y acogiendo a más personas perseguidas en el mundo".

Agregó que por el contrario, esta administración está -de modo vergonzoso- poniendo en peligro la vida de más refugiados a través de este y otros ataques al sistema de asilo.

La nueva regulación, publicada en el Registro Federal, establece que "un extranjero que ingrese o intente ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera sur sin solicitar la protección en un tercer país fuera del país de ciudadanía, nacionalidad o la última residencia habitual del extranjero a través de la cual el extranjero transitó para llegar a los Estados Unidos, no es elegible para el asilo".