El 3 de enero, funcionarios del gobierno de Joe Biden anunciaron que ofrecerán ayuda legal adicional a migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, quienes se ven obligados a permanecer en México bajo una política de la era de Donald Trump que ha sido difícil de revocar.

Aun cuando la administración busca, a su manera, mejorar los Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés) – también conocida coma la política "Quédate en México" – los funcionarios del gobierno han pedido a la Corte Suprema que intervenga y le ponga fin. Dicha política mantiene a solicitantes de asilo esperando al otro lado de la frontera sur hasta que sus casos puedan ser escuchados por los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

Defensores de los inmigrantes se han quejado durante mucho tiempo del peligro y las condiciones que enfrentan los migrantes mientras esperan en las peligrosas ciudades fronterizas.[[In-content Ad]]Sin embargo, funcionarios del gobierno de Estados Unidos dijeron que ahora tienen un sistema para transportar a los migrantes a refugios de manera segura y brindarlos acceso a representación legal – dos de las principales quejas sobre esta política.

En 2018, con la cooperación de México, la administración de Trump implementó la política con el objetivo de disuadir a solicitantes de asilo de ingresar a Estados Unidos.

El presidente Joe Biden puso la política "Quédate en México" en pausa tan pronto como asumió el cargo en 2020, y meses después la terminó formalmente. Sin embargo, a principios de diciembre de 2020, su administración se vio obligada a implementarla nuevamente después de que un tribunal dijera que los funcionarios no la habían terminado adecuadamente. La Corte Suprema estuvo de acuerdo. El 13 de diciembre, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos bloqueó la más reciente apelación de la administración para ponerle fin.

Desde que la administración de Biden restableció la política en un punto de entrada fronterizo en El Paso, Texas, a principios de diciembre, más de 200 migrantes y solicitantes de asilo se vieron obligados a permanecer del otro lado de la frontera, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.

Desde entonces, la política se ha expandido a varios puntos de entrada a lo largo de la frontera y la administración ha estado tratando de presentarla como más humanitaria que antes, sosteniendo que ha involucrado a funcionarios mexicanos para brindar condiciones más seguras para los migrantes.

El jefe del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de Washington, dijo en diciembre que la manera de mejorar la política era poniéndole fin.

"Estamos profundamente consternados por la reimplementación del MPP", expresó. "Desafortunadamente, los intentos de la administración (de Biden) de hacer que este programa sea 'más humano', por bien intencionado que sea, no curarán sus fallas inherentes, ni aliviarán su inevitable costo en vidas humanas".