WASHINGTON CNS – El 8 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) expresó que estaba listo para poner fin, de "una manera rápida y ordenada", una política de la era de Donald Trump que mantiene a solicitantes de asilo fuera del país mientras esperan que los tribunales de inmigración escuchen sus casos.

Desde su primer día en el cargo, la administración de Joe Biden ha luchado contra los impedimentos legales para poner fin a los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) – conocidos popularmente como "Quédate en México" – creados a fines de 2018 por la administración de Trump e implementados en enero de 2019.

Desde entonces, bajo el MPP, a personas que solicitaban asilo en los cruces fronterizos de Estados Unidos, o entre puertos de entrada después de cruzar, se les entregaba documentos y se les programaba una audiencia para una solicitud de asilo, pidiéndoles luego que regresaran al lado de México para esperar el proceso.

Sin embargo, muchos defensores de los inmigrantes dijeron que eso ponía a las personas en peligro, ya que los carteles cerca de la frontera se aprovechaban de ellos y los inmigrantes enfrentaban secuestros, extorsiones, asaltos y, en algunos casos, violaciones, mientras luchaban por sobrevivir cada día en las peligrosas ciudades fronterizas.

Las cifras oficiales muestran que, bajo este programa, 70,000 personas se han visto obligadas a esperar en México, la mayoría de ellas provenientes de lugares como Venezuela y Nicaragua, países que están experimentando inestabilidad política y económica. El DHS dijo que los inscritos podrán ingresar durante su próxima cita programada en la corte.

Pero incluso si ingresan, no hay garantía de que se les permita quedarse. Simplemente significa que pueden esperar el proceso en Estados Unidos.

El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, señaló que el MPP tenía "fallas endémicas, impone costos humanos injustificables, y quita recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios para asegurar nuestra frontera".

DHS reiteró que todavía estaba haciendo cumplir el Título 42, una medida de salud que se instauró durante la pandemia de coronavirus y ha sido aplicada por las administraciones de Trump y Biden.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. ha dicho en el pasado que la disposición prohíbe "la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud, ya sea en virtud de estar sujetas a restricciones de viaje previamente anunciadas o porque ingresaron ilegalmente al país para eludir controles sanitarios".

El comunicado de prensa más reciente del DHS sobre la finalización del MPP decía que "las personas encontradas en la frontera suroeste que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos serán removidas o expulsadas".

Las organizaciones católicas han protestado repetidamente contra las administraciones de Biden y Trump por ambas medidas.