OSV News — El régimen sandinista expulsó al presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, diezmando aún más el liderazgo católico del país, mientras clérigos y religiosas ven sus actividades sumamente restringidas y muchos de ellos han sido exiliados.
El obispo de Jinotega, Carlos Enrique Herrera, se vio obligado a abandonar Nicaragua tras acusar a un alcalde sandinista local de sacrilegio por perturbar la celebración de una Misa dominical con música a todo volumen a las afueras de la catedral, según los medios de comunicación nicaragüenses.
El obispo debía embarcar en un vuelo el 12 de noviembre desde Managua con destino a Ciudad de Guatemala, informó el medio independiente Confidencial. Se desconoce su paradero, aunque Confidencial informó que fue recibido por la Orden de Frailes Menores, a la que pertenece.
El obispo Herrera dijo durante la Misa del 10 de noviembre: “Pidamos al Señor perdón por nuestras faltas y también por aquellos que no respetan el culto”, ya que “este es un sacrilegio que está cometiendo el alcalde y todas las autoridades municipales, y vayan a decírselo porque saben la hora de la Misa”.
La Eucaristía se transmitió en vivo a través de la página diocesana de Facebook, pero posteriormente la página quedó inaccesible. Los gobiernos locales en toda Nicaragua vigilan habitualmente a los sacerdotes durante la Misa y organizan actos bulliciosos en las inmediaciones, como combates de boxeo frente a la catedral de León a principios de este año.
El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) expresó su solidaridad con sus los obispos y con el pueblo nicaragüenses, diciendo en una carta del 15 de noviembre al cardenal Leopoldo Brenes de Managua, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, diciendo: “Nos solidarizamos con (el obispo Herrera) y rezamos para que esta situación se solucione pronto y puede regresar a su Patria”.
El obispo Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua desde 2021, se convierte en el tercer obispo expulsado de Nicaragua en 2024. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien en ese momento cumplía una condena de 26 años de prisión, y el obispo de Siuna, Isidoro Mora, detenido en diciembre de 2023 tras expresar su apoyo al ob ispo Álvarez, fueron enviados al Vaticano en enero, después de que Nicaragua y el Vaticano llegaran a un acuerdo para la liberación de 19 eclesiásticos.
La expulsión del clero ha dejado a cuatro diócesis sin obispos. Sólo quedan 22 sacerdotes en la Diócesis de Matagalpa, que contaba con 70 sacerdotes antes de los ataques del régimen contra la Iglesia y el obispo Álvarez, según Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense en el exilio que hace un seguimiento de la persecución eclesiástica en el país centroamericano.
El régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han puesto en el punto de mira a la Iglesia católica mientras concentran el poder y eliminan cualquier espacio para las voces disidentes.
Molina dijo, por medio de redes sociales, que la dictadura ha exiliado, desterrado, expulsado y prohibido el ingreso a 261 religiosos y religiosas, siendo 55 religiosos afectados en lo que va del año.
Además, miembros de la Iglesia — como obispos, sacerdotes, seminaristas y laicos – se encuentran bajo vigilancia continua. El 14 de noviembre, Molina indicó que esta semana, además de las interrogaciones a sacerdotes y seminaristas, monaguillos — varios de ellos minores de edad — han sido interrogados.
Además, las religiosas, especialmente a las que cancelaron sus organizaciones sin fines de lucro, “se encuentran intervenidas por el Ministerio de Educación (MINED) y vigiladas por policías. Varias de ellas han tenido que huir del país para salvaguardar su vida”, escribió Molina.
La expulsión del obispo Herrara se produjo mientras los sacerdotes de toda Nicaragua denuncian que se les prohíbe entrar en los hospitales para realizar el sacramento de la unción de los enfermos, dijo Molina a OSV News.
La Agencia Fides, órgano de información de las Obras Misionales Pontificias, reportó que esta prohibición ha causado tristeza e indignación a los familiares y a los propios enfermos. Citando a la prensa local, la agencia dijo que a las personas afectadas solo les queda presentar una denuncia de forma anónima porque, si “denuncian públicamente, pueden ser encarcelados, exiliados o asesinados”.
“La situación de represión no cambia”, dijo Molina a OSV News. “Quieren erradicar el catolicismo del país, ateizarlo. Quieren tener control absoluto sobre la Iglesia Católica”.
David Agren informa para OSV News desde Ciudad de México.