Foto: Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, un ministerio de la Diócesis de El Paso, Texas, pronuncia un discurso el 24 de marzo de 2026 durante una marcha y vigilia por la vida humana y para poner fin a las deportaciones. Estrella del Paso ha cerrado oficialmente su programa para niños migrantes no acompañados tras la retirada de fondos por parte de la administración Trump, la cual aun debe casi un millón de dólares en fondos por servicios ya prestados. Foto OSV News/cortesía de Estrella del Paso
Por Gina Christian, OSV News
OSV News — La Diócesis de El Paso ha cerrado su programa de asistencia legal para niños migrantes no acompañados, debido a que la administración Trump retiene casi un millón de dólares en fondos adeudados por servicios ya prestados.
Estrella del Paso anunció el 31 de julio el cierre de su Programa para Niños No Acompañados y el despido de 13 empleados, tras la no renovación de su contrato federal.
Esta falta de renovación se produce mientras la organización sigue pendiente de cobro por trabajos realizados para el gobierno federal, sin haber recibido pagos desde diciembre de 2025.
En un video publicado el 1 de agosto en la cuenta de Instagram de la organización, la directora ejecutiva Melissa López —quien en julio había advertido que las reservas de Estrella se habían “agotado por completo” debido a la falta de pago del gobierno federal— calificó la noticia como “desoladora”.
“Sin el pago del gobierno federal, sencillamente no podemos operar este programa”, afirmó.
López subrayó que “los niños no acompañados tienen derecho servicios legales y representación jurídica según las leyes de Estados Unidos”, y señaló que “el gobierno federal aceptó este contrato y ahora se niega a pagar lo que debe”.
Según su comunicado de prensa, la organización sin fines de lucro representa actualmente a 243 menores no acompañados.
“Nuestros abogados tienen la obligación ética y legal de seguir representando a los niños, aun cuando el gobierno retiene el pago por estos servicios”, declaró Estrella del Paso en su comunicado de prensa.
Sin embargo, días antes del anuncio, López dijo a los medios locales que ni ella ni su equipo sabían “qué va a pasar con esos niños la próxima semana”.
“No sabemos si contarán con representación legal”, afirmó. “Hasta el momento, el gobierno no ha determinado quién asumirá dicha representación”.
En su comunicado, Estrella del Paso señaló que muchos de los niños a los que asiste “son sobrevivientes de trata, violencia y persecución”, y que “tienen derecho legal a recibir servicios y representación jurídica conforme a las leyes de los Estados Unidos”.
Según la organización, sin acceso a abogados, “menos del 1 % de los niños logra permanecer legalmente en el país”.
En su comunicado del 31 de julio, Estrella del Paso señaló que la administración Trump adeuda actualmente “cerca de un millón de dólares por servicios ya prestados”, una cifra que “aumentará tras la presentación de las facturas por el trabajo realizado durante el mes de julio”.
La Ley William Wilberforce para Reautorización de Protección de las Víctimas de Trata de 2008 reafirmó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) tiene la responsabilidad de supervisar a los niños migrantes no acompañados.
En virtud de dicha ley (que contempla disposiciones específicas para niños provenientes de países limítrofes), la agencia está obligada a proporcionar asesoría jurídica a los niños no acompañados bajo su custodia, “en la mayor medida posible y de conformidad con” la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Estrella del Paso y varias organizaciones asociadas presentaron una demanda contra el HHS en marzo de 2025, después de que la administración Trump tomara medidas para eliminar por completo la financiación destinada a dicha representación legal.
Aunque un juez federal bloqueó los recortes, la administración suspendió los pagos a partir de diciembre de 2025 y comenzó a exigir documentación (sobre el trabajo realizado) de un tipo no solicitado anteriormente —incluidas comunicaciones protegidas por el privilegio legal— como requisito para cualquier pago futuro; una exigencia que Estrella del Paso calificó como una demanda de “información confidencial” a la que el gobierno federal “no tiene derecho legal”.
En su demanda, Estrella del Paso y las demás organizaciones demandantes afirmaron que la “cancelación ilegal de la financiación para la representación legal” por parte de la administración infringía tanto la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata (TVPRA, por sus siglas en inglés) como una norma fundamental establecida en 2024 por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS.
La norma de la ORR exige que el gobierno federal financie a los proveedores de servicios jurídicos para menores no acompañados siempre que existan “asignaciones presupuestarias disponibles”, garantizando al mismo tiempo que los menores tengan acceso a asesoramiento legal.
Estrella del Paso señaló que forma parte de “casi 100 grupos jurídicos de todo el país que prestan servicios a unos 20.000 menores en virtud de un contrato federal”, con fondos del programa asignados por el Congreso durante casi dos décadas.
La deuda total que se tiene actualmente con dichas organizaciones por este asesoramiento jurídico asciende a unos 65 millones de dólares, según indicó Estrella del Paso en su comunicado de prensa del 31 de julio.
El caso judicial sigue en curso y está previsto que las audiencias continúen en agosto.
En declaraciones enviadas por correo electrónico a OSV News, la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) afirmó que “sigue cumpliendo plenamente con sus obligaciones legales y reglamentarias, y no actúa de manera que pueda disuadir a un menor de buscar la protección legal adecuada”.
ORR declaró que “el actual contrato puente con el Acacia Center for Justice” —la organización sin fines de lucro que gestiona la red de entidades de servicios jurídicos, incluida Estrella del Paso, que brindaron asesoramiento a menores migrantes no acompañados— “finalizó el 31 de julio de 2026”.
“ORR ofreció a Acacia la oportunidad de recibir un segundo contrato puente, sujeto a requisitos que incluían proporcionar información sobre los clientes representados y facturar al presentar las solicitudes de protección migratoria”, explicó la agencia federal en su correo electrónico. “Acacia rechazó aceptar este contrato puente”.
En el comunicado de prensa del 31 de julio, López afirmó que la cuestión “no se trata de trámites administrativos ni siquiera de la falta de pago de las facturas que esta administración adeuda”, sino más bien “de los más de 20.000 niños inmigrantes vulnerables que merecen tener a alguien que esté a su lado, ante la decisión del gobierno federal de obligarlos a enfrentar solos el sistema migratorio”.
“Sabemos que les sucede a los niños que acuden a los tribunales sin un abogado. En una palabra: deportación”, señaló López.
Gina Christian es reportera multimedia de OSV News. Sígala en X en @GinaJesseReina.
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