WASHINGTON OSV News – Un tribunal federal en Louisiana ha emitido una orden judicial temporal que impide a una agencia federal aplicar una disposición sobre el aborto en las regulaciones destinadas a agregar protecciones en el lugar de trabajo para las trabajadoras embarazadas.
En el caso United States Conference of Catholic Bishops vs. EEOC, grupos religiosos impugnaron las regulaciones finales del Acta de Equidad para Trabajadoras Embarazadas (o PWFA, por sus siglas en inglés) emitidas por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (o EEOC, por sus siglas en inglés), que otorgan a las trabajadoras protecciones para ausencias laborales y otros ajustes y modificaciones en el trabajo debido a condiciones médicas relacionadas con el embarazo, como abortos espontáneos, mortinatos y lactancia, pero también para el aborto, lo cual fue rechazado por muchos de los partidarios del proyecto de ley, incluyendo la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. (o USCCB, por sus siglas en inglés).
Becket, un bufete de abogados con sede en Washington especializado en libertad religiosa, presentó una demanda el 22 de mayo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Louisiana en nombre de la USCCB, así como de la Universidad Católica de América y las Diócesis de Lake Charles y Lafayette en Luisiana.
Laura Wolk Slavis, abogada de Becket, señaló en un comunicado: “La EEOC tergiversó una ley que protege a las madres embarazadas y sus bebés, y utilizó los lugares de trabajo de más de 130 millones de estadounidenses para apoyar el aborto”.
“Eso es un abuso de poder; nadie debería tener que elegir entre su conciencia y proteger a las mujeres embarazadas,” agregó.
Las regulaciones de la EEOC gobiernan la implementación de la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas, una legislación bipartidista aprobada por el Congreso y firmada como ley por el presidente Joe Biden en diciembre de 2022. La ley entró en vigor en junio de 2023 y prohíbe prácticas laborales que discriminen en contra de hacer modificaciones razonables para empleadas calificadas debido a su embarazo, parto, o “condiciones médicas relacionadas”. Las regulaciones finales de la ley se publicaron en abril de 2024.
La legislación de la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas fue apoyada por muchos grupos católicos, incluyendo la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, pero Chieko Noguchi, portavoz de la USCCB, manifestó a OSV News el 23 de mayo que, aunque la conferencia apoyó la ley en sí, la EEOC “secuestró la ley”, y sus regulaciones obligarían, en efecto, a la USCCB a “apoyar conscientemente a los empleados mientras se someten a abortos, mientras que se prohíbe a alentarlos a elegir la vida”.
En su orden judicial temporal del 17 de junio, el tribunal determinó que “‘Aborto’ es un término que todos entienden fácilmente”.
“Si el Congreso hubiera tenido la intención de exigir que los empleadores acomoden abortos electivos bajo la PWFA, lo habría dicho claramente al promulgar el estatuto, particularmente dada la enorme importancia social, religiosa, y política del tema del aborto en nuestra nación”, determinó el tribunal, agregando que el registro legislativo “confirma inequívocamente que el Congreso específicamente no tenía la intención de que la PWFA requiriera que los empleadores acomoden el aborto”.
La corte añadió que la EEOC podría estar haciendo “acrobacias semánticas” y argumentos legales “engañosos” en un “clásico caso de una agencia administrativa federal excediendo su autoridad estatutaria de una manera que usurpa el papel del Congreso y viola la autoridad otorgada a los estados bajo los principios del federalismo”.
Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Wolk Slavis agregó en su declaración que “prohibir a los empleadores de todo el país defender la vida es inaceptable e ilegal”.
“Esta decisión es un paso importante para asegurar que los lugares de trabajo estadounidenses puedan sentirse libres para seguir sirviendo a sus comunidades de acuerdo con sus creencias”, añadió.
El gobierno federal tiene 60 días para apelar la decisión.