CIUDAD DE MÉXICO (CNS) — Los obispos de Guatemala criticaron la idea de que su país haga un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para considerarlo un “tercer país de seguridad” para quienes buscan asilo político.
El tribunal constitucional del país impidió que el presidente Jimmy Morales declarara a Guatemala un “tercer país de seguridad” en una decisión del 14 de julio.
La firma de tal acuerdo hubiera significado que los migrantes que viajaran a través de Guatemala y desearan solicitar asilo en los Estados Unidos, tuvieran que hacerlo desde Guatemala.
En una declaración del 13 de julio, los obispos guatemaltecos expresaron su “enorme preocupación” sobre las consecuencias de tal acuerdo, que llevarían a un “empeoramiento de la difícil situación de los migrantes en nuestro país, personas que buscan en el Norte las oportunidades que aquí se les niegan”.
“Nosotros no podemos absorber a la población migrante que llega de otros países y a quienes nos veríamos forzados a mantener y proporcionar seguridad, cuidado de salud, albergue adecuado, y, en su momento, fuentes de trabajo”, continuó la declaración.
La decisión del tribunal llevó a Morales a retrasar una cumbre en Washington, donde se esperaba que se reuniera con el presidente Donald Trump y firmara el acuerdo como tercer país con seguridad.
Morales concluirá su mandato más adelante en este año bajo una nube de sospecha debida a las acusaciones de corrupción contra miembros de su familia. Pero ha buscado el apoyo de la administración de Trump–hasta el punto de trasladar la embajada de Guatemala en Israel a Jerusalén, siguiendo el ejemplo de Trump. También apoyó el terminar una comisión contra la impunidad patrocinada por la ONU, que había sido apoyada por anteriores administraciones de los Estados Unidos.
Trump ha estado presionando a países al sur de los Estados Unidos para que impidan a los migrantes alcanzar la frontera con los Estados Unidos. México se negó a firmar el acuerdo de tercer país, pero ha aumentado su seguridad fronteriza y aceptado el retorno de quienes buscan asilo, quienes deben esperar en ciudades mexicanas hasta que sus casos se escuchen en tribunales de Estados Unidos.
El 15 de julio, la administración Trump anunció medidas que cambian los procedimientos de asilo para migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos con México, algo que han criticado los líderes católicos. Los procedimientos entraron en vigor el 16 de julio.
En 2019, los migrantes han llegado a la frontera con Estados Unidos en cifras que no se veían en más de una década, y los guatemaltecos constituyen la mayor nacionalidad de los detenidos por las autoridades de seguridad fronteriza de los Estados Unidos.
Los obispos de Guatemala acusaron a Morales de mostrar “escasa transparencia” en la posible firma del acuerdo de tercer país con seguridad y pidieron al gobierno que pusiera en orden sus prioridades.
“La acción del gobierno debería centrarse en su responsabilidad de proporcionar un mínimo de oportunidades para una vida digna de su población”, dijeron los obispos.
Los observadores dicen que la mayoría de la migración al exterior de Guatemala proviene de las regiones rurales con las poblaciones indígenas más numerosas, donde hay hambre abundante y los precios del café–que es la base de la economía–se han desplomado. También dicen que Guatemala no tiene los recursos necesarios para apoyar a los muchos que buscan asilo.
“El descargar la responsabilidad por el cuidado de miles de migrantes y buscadores de asilo sobre Guatemala sería desastroso, tanto para los buscadores de asilo como para Guatemala”, dijo Mike Allison, profesor de ciencias políticas en la universidad jesuita de Scranton, y experto sobre Guatemala.
“Los guatemaltecos y migrantes que atraviesan el país son ya susceptibles a la violencia de las pandillas, el crimen organizado, organizaciones de tráfico de droga y policía y funcionarios corruptos del gobierno. El añadir a esta mezcla a personas vulnerables empeoraría las condiciones de seguridad y quizá desestabilizaría a toda Guatemala”.