WASHINGTON OSV News –La administración Biden anunció el 27 de abril nuevas medidas que tomaría en un esfuerzo por reducir las llegadas de migrantes a la frontera entre EE.UU. y México cuando el Título 42 expire en mayo.
En declaraciones en el Departamento de Estado, el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijeron que la administración crearía centros de procesamiento de migrantes en Centroamérica y Sudamérica para examinar a las personas que buscan entrar y determinar si tienen una vía legal.
La administración también ampliará las vías legales de entrada, al tiempo que aumentará las deportaciones de quienes entren ilegalmente a Estados Unidos.
Blinken dijo que los centros “mejorarán el acceso de las personas calificadas” al reasentamiento de refugiados, la reunificación familiar y el asentamiento legal en Estados Unidos o en otros países.
“Estos centros darán un paso muy importante para evitar que la gente haga el peligroso viaje a la frontera, proporcionando una opción mucho más segura y legal para emigrar que pueden seguir en y dese sus propios países”, dijo Blinken.
Mayorkas dijo que “cuando las personas tienen vías seguras y ordenadas para venir a Estados Unidos, y se enfrentan a consecuencias por no hacerlo, utilizan esas vías”.
El Título 42 es una parte de la ley federal de salud pública de Estados Unidos que otorga al gobierno federal cierta autoridad para implementar medidas de emergencia para prevenir la propagación de enfermedades contagiosas prohibiendo la entrada a algunas personas.
El entonces presidente Donald Trump implementó la política en 2020 al inicio de la pandemia de COVID-19, pero la medida se consideró parte de los intentos más amplios de su administración para reducir la migración. El uso del Título 42 para expulsar a los migrantes en la frontera sur fue criticado por algunos expertos de salud pública, que argumentaron que su uso estaba políticamente motivado en lugar de basado en la evidencia.
Desde entonces, el Título 42 se ha invocado más de 2.7 millones de veces para expulsar a migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. El Título 42 finalizará el 11 de mayo.
En una declaración emitida a finales del 28 de abril, el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, presidente del Comité sobre Migración de la Conferencia de los Obispos de EE.UU., dijo que los obispos “apoyan firmemente el aumento del reasentamiento de refugiados de América Latina y el Caribe como un camino fiable hacia una seguridad duradera para aquellos que han sido desplazados por la fuerza”.
Elogió a la administración Biden “por reconocer esta necesidad” y dijo que los obispos “esperan con interés su estrecha coordinación con la sociedad civil y el Congreso para asegurar la integración exitosa de estos recién llegados”. El obispo Seitz añadió que los recursos utilizados para ello “no deben socavar el acceso existente al reasentamiento para otros refugiados ni impedir el correcto funcionamiento de los procesos de inmigración en general”.
Los obispos están “aliviados de que la Administración no planee detener a familias vulnerables, dados los injustificables e inmorales perjuicios de hacerlo”, dijo, pero “nos preocupa enormemente que esas familias, incluidas las que tienen niños pequeños, y otras sean sometidas a procedimientos precipitados sin un debido proceso significativo”.
Sin embargo, la continua “dependencia de la expulsión acelerada” por parte de la administración, junto con las “severas restricciones sobre la elegibilidad y el acceso al asilo” es motivo de preocupación, dijo el obispo Seitz, añadiendo que los “más desesperadamente necesitados de ayuda” “sufrirán el peso de estas medidas”.
Reconoció que el “desafío de la migración forzada que afrontan nuestro país y el hemisferio” es “complejo” y dijo que el logro de “las condiciones necesarias para reducir de manera sostenible la migración irregular” sólo se producirá mediante la revisión del sistema de inmigración de Estados Unidos y un compromiso a largo plazo para hacer frente a las causas profundas de la migración “y promover el desarrollo humano integral en toda las Américas.”
J. Kevin Appleby, director ejecutivo interino del Centro de Estudios sobre Migración, dijo a OSV News que el anuncio de la administración Biden parece ser “un paso positivo hacia adelante”.
“Por supuesto, como siempre, si tendrá éxito o no dependerá de cómo se implemente algo y qué recursos se dediquen a la implementación”, dijo Appleby. “Pero da a los solicitantes de asilo la oportunidad de contar sus historias y de que se resuelvan sus casos sin emprender un peligroso viaje hacia el norte”.
Appleby, ex asesor de política migratoria de los obispos estadounidenses, dijo que, durante el último cuarto de siglo, “el Congreso no ha tenido la valentía política de reformar el sistema de inmigración”.
“Así que estas respuestas se dejan en manos del poder ejecutivo, cuando el Congreso debería estar trabajando con la administración para aprobar leyes que revisen nuestras leyes de inmigración”, dijo.
Los republicanos han hecho de la inmigración una parte clave de sus críticas a la administración Biden, acusándola de políticas laxas. En una declaración reaccionando a la candidatura de Biden a la reelección en 2024, el expresidente Donald Trump, en medio de su tercera candidatura a la Casa Blanca después de que Biden le derrotara en 2020, dijo: “Bajo Biden, la Frontera Sur ha sido abolida –y millones de extranjeros ilegales han sido soltados en nuestras comunidades”.
Una hoja informativa del Departamento de Estado sobre las nuevas acciones dijo: “El levantamiento de la orden del Título 42 no significa que la frontera esté abierta”.