WASHINGTON – Defensores católicos de inmigrantes han instado al Congreso y al presidente Joe Biden a acelerar la legislación para proteger a los inmigrantes después de que un juez federal dictaminó el 16 de julio poner fin a un programa que evita la deportación de miles de inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.
Estos grupos recurrieron de inmediato a las redes sociales para responder a la decisión del juez de distrito estadounidense Andrew Hanen, quien dijo que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, era ilegal.
Su fallo, que los demandantes planean apelar, prohíbe al gobierno aprobar nuevas solicitudes al programa, pero lo deja abierto para los participantes actuales.
La decisión significa que “decenas de miles de personas que solicitaron, pero sus casos iniciales quedaron atrapados en el limbo debido a retrasos en el procesamiento … no recibirán protección” de la deportación o la estabilidad, seguridad, oportunidad, algo que puede alterarles la vida, tuiteó Lisa Parisio, directora de defensa de la Red Católica de Inmigración Legal, o CLINIC.
“Debemos enfrentar este momento y todos debemos hacer que sea imposible que el Congreso no cumpla. Esto ya ha pasado”, dijo el 16 de julio sobre la “decisión políticamente motivada, inhumana y moralmente en bancarrota”.
Hanen falló a favor de Texas y otros ocho estados que presentaron una demanda en 2018 contra DACA con el argumento de que el ex presidente Barack Obama, quien creó el programa por orden ejecutiva en 2012, no tenía la autoridad para hacerlo porque pasó por encima del Congreso.
Los estados que se unieron a Texas en la demanda (Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia) también dijeron que el programa ha provocado una tensión económica.
DACA ha permitido que unos 700,000 jóvenes calificados, descritos como Dreamers, o soñadores, trabajen, ingresen a la universidad, obtengan seguro médico, una licencia de conducir y no se enfrenten a la deportación.
En una declaración del 19 de junio, el obispo auxiliar de Washington Mario E. Dorsonville, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU., dijo que los obispos estaban decepcionados con el fallo del juez, pero también sabían “que DACA nunca fue destinado a ser una solución permanente para los soñadores”.
“Este fallo es simplemente el desarrollo más reciente en una larga lista de eventos que justifican la acción del Congreso”, dijo.
De manera similar, Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC, dijo en un comunicado del 19 de julio que la decisión “subraya una vez más la urgencia del Congreso y la administración Biden de priorizar, proteger y respetar los derechos humanos y la dignidad de los inmigrantes indocumentados en este país”.
José Arnulfo Cabrera, director de educación y promoción de la migración de la Red de Solidaridad Ignaciana, también destacó la necesidad de una acción más inmediata.
Dijo que el fallo fue “otro golpe más para los beneficiarios de DACA y especialmente para los nuevos solicitantes de DACA” y es un recordatorio de que “los inmigrantes con protección temporal siempre serán vulnerables a ataques y desafíos legales”.
“La protección temporal no es una solución y nunca debería serlo”, agregó.
Apenas el año pasado, la Corte Suprema falló en contra de los esfuerzos de la administración Trump para poner fin al programa, diciendo que las acciones tomadas para rescindirlo habían sido “arbitrarias y caprichosas”. Un juez federal a fines del año pasado también ordenó a la administración Trump restaurar completamente DACA.
En respuesta al fallo de la Corte Suprema, la USCCB instó al presidente Donald Trump a “reconsiderar enérgicamente la terminación de DACA” y también instó a los senadores estadounidenses a “aprobar de inmediato una legislación que proporcione un camino a la ciudadanía” para los Dreamers, y enfatizó que hace mucho tiempo hace falta este tipo de “legislación permanente”.
Los defensores reiteraron mensajes similares justo después del fallo de Hanen.
“Texas no tiene el derecho de dictar una política de inmigración federal o de cambiar las vidas de cientos de miles de beneficiarios de DACA. El Congreso y el presidente deben actuar de manera decisiva y rápida para promulgar protecciones duraderas para los Dreamers, incluido un camino hacia la ciudadanía”, tuiteó Hope Border Institute el 16 de julio.
De manera similar, Cabrini Immigrant Services de Nueva York tuiteó: “Exigimos que el Congreso y @POTUS (el presidente Biden) tomen medidas inmediatas para brindar un camino hacia la ciudadanía. No podemos esperar más. NO hay excusas”.
Biden se comprometió a proteger a DACA en su campaña presidencial, y desde entonces ha propuesto una legislación que brindaría a los inmigrantes un camino hacia la ciudadanía. Los partidarios de DACA han insistido durante mucho tiempo en que depende del Congreso aprobar una legislación que proporcione a los soñadores un alivio permanente.
Hanen indicó de manera similar que el Congreso debe intervenir. Cuando rechazó la solicitud de Texas en 2018 de poner fin a DACA a través de una orden judicial preliminar, escribió en ese momento: “Si la nación realmente quiere tener un programa de DACA, le corresponde al Congreso decirlo”.
Actualmente, un comité del Senado está considerando la Ley de Promesa y Sueño Americano de 2021. La Cámara aprobó su versión de la medida en marzo, junto con la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que proporciona un camino hacia el estatus legal para los trabajadores agrícolas.
La medida del Sueño Americano crearía un estatus de “residente permanente condicional” válido por hasta 10 años que protegería a los beneficiarios de DACA y a otros soñadores de la deportación, les permitiría trabajar legalmente en los EE. UU. y les permitiría viajar fuera del país, si es que cumplen con varios requisitos.
En el noveno aniversario de DACA el 15 de junio, el obispo Dorsonville imploró al Congreso que actuara para crear un camino hacia la ciudadanía para aquellos en el programa.
También presentó un testimonio escrito ese mismo día para una audiencia del Comité Judicial del Senado sobre la legislación bipartidista propuesta para ayudar a los soñadores. El obispo enfatizó que los beneficiarios de DACA, junto con los beneficiarios de Estatus de Protección Temporal y Salida Forzada Diferida, trabajadores agrícolas migrantes y trabajadores esenciales en el país sin documentos, merecen alivio.
El obispo dijo que la USCCB ha trabajado con miembros de la Cámara y el Senado en la redacción de las primeras versiones de la Ley DREAM en 2000 y 2001.
Dijo que los obispos han estado “pidiendo la aprobación de tal medida desde entonces”.