ROMA, Italia (CNS) – Para ayudar a fomentar una discusión más amplia sobre el trabajo que aún se debe hacer para proteger a menores y a personas vulnerables en la Iglesia Católica, una revista de derecho canónico publicó una serie de charlas de expertos sobre responsabilidad, transparencia, y confidencialidad en el manejo de acusaciones de abuso.
Estas charlas formaron parte de un seminario, que tuvo lugar en diciembre de 2019 y fue patrocinado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, donde no solo se abordaron estos temas, sino también se habló del sello de confesión y el secreto pontificio.
La revista “Periodica” de la facultad de derecho canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma publicó las charlas a finales de 2020.
Entre las sugerencias para mejoras, el arzobispo Charles J. Scicluna, secretario adjunto de la Congregación del Vaticano para la Doctrina de la Fe, sostuvo que se podría hacer más para apoyar los derechos de las víctimas.
En el documento “Vos estis lux mundi” del papa Francisco, se provee por primera vez “una ley universal que establece que la víctima tiene derecho a ser informada del resultado de la investigación” sobre crímenes presuntamente cometidos por personas en liderazgo, él escribió.
Sin embargo, “yo sugeriría que también usemos esta ley por analogía para todas las demás situaciones” al otorgar el mismo derecho a las víctimas de personas que no son solo líderes, sino miembros del clero o de órdenes religiosas, escribió.
Otra sugerencia, continúo diciendo, es designar “un oficial de salvaguardia u otra persona apta que se mantenga en contacto con la víctima e informe a la víctima del avance de los procedimientos”, incluyendo los resultados de las investigaciones, juicios, o procesos extrajudiciales, especialmente ahora que se ha eliminado el “secreto pontificio”.
El arzobispo Scicluna señaló que debería haber un “procurador para la persona agraviada”, es decir, una persona designada para representar a la víctima en los procesos penales de la iglesia y compartir información con la víctima.
El padre John P. Beal, profesor de derecho canónico en la Universidad Católica de América en Washington, D.C., manifestó en su charla que los escándalos de abuso pasados en Estados Unidos muestran “cómo la falta de transparencia en el gobierno de la iglesia permitió que estos lapsos en responsabilidad no fueran reconocidos, quedando impunes durante décadas”.
Restaurar un sentido de legitimidad al gobierno eclesial será ineficaz, escribió, “mientras los fieles juzguen inadecuadas las estructuras de rendición de cuentas de la iglesia, y seguirán considerándolas inadecuadas mientras sigan careciendo, casi en su totalidad, de transparencia”.
La “falta casi total de transparencia que envuelve el proceso penal canónico” y el proceso penal administrativo, acotó el padre Beal, hacen difícil saber con certeza si los acusados y las víctimas han sido tratados de manera justa.
Esta falta de transparencia “a menudo se justifica por la preocupación de la reputación del acusado y la víctima. Si bien puede haber buenas razones para ocultar del registro público los nombres de los acusadores y víctimas de abuso sexual, especialmente si aún son menores”, el nombre de los culpables de abuso debería hacerse público, escribió.
Los procedimientos claros y públicos también ayudarían a restaurar la reputación de quienes han sido acusados injustamente en lugar de permitir que los rumores llenen el vacío cuando las investigaciones no son transparentes o concluyentes, agregó.
“En Estados Unidos hemos aprendido con mucho dolor que los esfuerzos para ‘silenciar’ asuntos eclesiásticos desagradables en última instancia fracasarán”, escribió el padre Beal.
La eliminación del “secreto pontificio” en casos de abuso sexual de menores por parte del clero permite a los obispos y otras autoridades eclesiásticas proporcionar “información oportuna a las víctimas y las comunidades de fieles afectadas sobre el estado, el progreso, y los resultados de los casos, manteniendo al mismo tiempo debida confidencialidad sobre asuntos que puedan dañar reputaciones o el progreso del proceso”, escribió.
Sin embargo, continuó, debería haber una rendición de cuentas más estricta sobre cómo los obispos diocesanos y otras autoridades eclesiásticas manejan los casos de abuso, que “sigue siendo casi exclusivamente vertical, hacia las autoridades superiores y no hacia los fieles”.
Hasta que la rendición de cuentas se complemente con “un compromiso serio a la transparencia por parte de todos los involucrados, harán poco para disipar la ira y el cinismo generalizado entre los fieles sobre la manera en que los obispos manejan las denuncias de mala conducta”.
El padre jesuita Damián Astigueta, profesor de derecho canónico en la Universidad Gregoriana, escribió que la transparencia no significa acceso universal o público a información sensible o confidencial, sino compartir información con quienes tienen derecho a verla.
La divulgación pública, total e inapropiada, de cierta información es a menudo impulsada por un sentimiento de culpa y la esperanza de que “vender” una mejor imagen de la iglesia traerá credibilidad, expuso. El enfoque debería centrarse en la justicia para toda la comunidad de fieles, en la fidelidad al valor evangélico de la verdad, y en el profesionalismo, más que en lo que piensa la gente.
Las autoridades encargadas de investigar y actuar sobre las denuncias deben buscar la verdad y seguir los principios de la justicia real, que garantiza el proceso legal debido, el derecho a la defensa, y la presunción de inocencia de los imputados, dijo.
Neville Owen, un juez retirado de la corte suprema de Australia occidental y miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, dijo que la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo estarían mejor garantizados proporcionando las razones por las que se decidió un caso.
Proporcionar razones de una decisión es parte de la equidad, el proceso debido legal, y la justicia, dijo. Les haría saber a las partes por qué han ganado o perdido; déjeles ver si sus argumentos fueron entendidos y aceptados; faciliten la rendición de cuentas porque las decisiones podrían ser examinadas; y ayuden a construir una base sobre la cual se decidirán casos similares en el futuro.
Las conferencias episcopales deberían “abordar la cuestión de la publicación de los motivos de la decisión”, dijo, especialmente porque las cuestiones relativas a la equidad y la coherencia en la forma en que se trató a los acusados “seguramente surgirán y el desarrollo de un cuerpo de jurisprudencia para orientar a quienes tengan que hacer las decisiones – así como en interés de transparencia y rendición de cuentas — mejorarán la integridad y la eficacia práctica del sistema”.