CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El papa Francisco ha abolido la obligación del “secreto pontificio”, una confidencialidad para aquellos que reportan haber sido sexualmente abusados por un sacerdote y para los que testifican en un juicio de la iglesia o un procedimiento que tenga relación con abuso sexual por clérigos.
“La persona que presenta la denuncia, la persona que alega que ha sido afectada y los testigos no deben estar sujetos a ningún compromiso de silencio con respecto a aspectos relacionados con el caso”, dispuso el papa en una nueva “Instrucción sobre la confidencialidad de procedimientos legales”, publicada el 17 de diciembre.
En una nota adjunta, el obispo Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, dijo que el cambio con respecto al “secreto pontificio” no tiene nada que ver con el sello del sacramento de la confesión.
“La obligación absoluta de respetar el sello sacramental –dijo– es una obligación impuesta al sacerdote por la posición que tiene de administrar el sacramento de la confesión y ni siquiera el penitente puede liberarlo del mismo”.
La instrucción fue publicada por el Vaticano junto con los cambios al ya actualizado “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” (“Salvaguardando la Santidad de los Sacramentos”), el documento del 2001 emitido por san Juan Pablo II detallando los procedimientos para la investigación y juicio de cualquier miembro del clero acusado de abusar sexualmente a un niño o adulto vulnerable o acusado de adquirir, poseer o divulgar pornografía infantil.
En la primera de las enmiendas, el papa Francisco cambió la definición de pornografía infantil. Hasta ahora el límite se fijaba en los 14 años. La nueva descripción del delito dice: “La adquisición, posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de dieciocho años por parte de un clérigo, de cualquier manera y por cualquier medio”.
Al describirse las normas procesales sobre la manera en que el tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe debe ser integrado y conducido, el papa Francisco ha eliminado el requisito de que el representante legal del acusado sea un sacerdote. La ley ahora dice: “Funge de abogado y procurador un fiel, doctorado en derecho canónico, aprobado por el presidente del colegio”.
Pero la abolición del secreto pontificio en la totalidad del proceso del Vaticano, es el mayor cambio efectuado. Y, no solo las victimas y testigos tienen libertad de comentar sobre el caso, la enmendada ley especifica que la obligación –aún en efecto– de los funcionarios del Vaticano de mantener la confidencialidad “no debe impedir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en todos los lugares por las leyes civiles, incluida cualquier obligación de denuncia, y la ejecución de órdenes ejecutables de las autoridades judiciales civiles”.
El arzobispo Charles Scicluna, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el más experimentado investigador del Vaticano sobre abusos sexuales, declaró a la revista América que la nueva ley deja en claro que “cualquiera que divulgue una conducta impropia o un delito y cualquiera que esté afectado por la conducta impropia o el delito, así como los testigos, nunca deben estar sujetos a un juramento o una promesa de silencio sobre el hecho que han reportado”.
La nueva ley, dijo, explícitamente estipula “la obligación moral” de las personas a cooperar con las autoridades civiles en lo que se refiere a denuncia e investigación del crimen de abuso. “Además, hay una obligación de no vincular a la gente que divulga una conducta impropia o delito con ninguna promesa o voto de silencio”, explicó.
En otra entrevista con Vatican News, el arzobispo Scicluna calificó como un “cambio histórico” la decisión del papa de eliminar “el secreto pontificio” –el más alto nivel de confidencialidad. “Esto significa, por supuesto, que el tema de la transparencia ahora se está implementando al más alto nivel”, dijo.
Las nuevas regulaciones no significan que los documentos del Vaticano sobre investigaciones de abuso y los juicios se darán a conocer al público –dijo– pero “están disponibles para las autoridades o personas que son parte interesada y autoridades que tienen jurisdicción legal sobre la materia”.
En el pasado, cuando un gobierno o corte le pedía al Vaticano información sobre un caso, la respuesta generalmente era que el material estaba protegido por el “secreto pontificio”. Ahora, el arzobispo Scicluna dijo, que una vez que se cumplan “todas las formalidades de la ley internacional”, se facilitará tanto la comunicación con otras autoridades así como el compartir información y documentación.
En septiembre del 2017, los miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores le pidió al papa Francisco que reconsidere las normas del Vaticano que mantienen la imposición del “secreto pontificio” en el procesamiento judicial de la iglesia del abuso sexual del clero y otros delitos graves.
El secreto garantiza que los casos sean tratados en estricta confidencialidad. Los expertos del Vaticano han dicho que fue diseñado para proteger la dignidad de todos los involucrados, incluyendo la víctima, el acusado, sus familias y sus comunidades.
Pero cuando el papa Francisco convocó a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo al Vaticano en febrero para una cumbre sobre la crisis de abuso sexual, las víctimas y los expertos igualmente exhortaron una revisión de la norma.
Linda Ghisoni, una abogada canónica y subsecretaria para el laicado en el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, dijo en la cumbre que eliminar el secreto pontificio de los casos de abuso revertiría una situación o la impresión de una situación donde el secretismo “se usa para esconder problemas más que para proteger los valores que están en juego”, incluyendo la confidencialidad de las víctimas y el derecho de un acusado a un juicio justo.
El cardenal Reinhard Marx de Munich y Freising, Alemania, dijo en la cumbre que eliminar el secreto pontificio promovería la transparencia en un escándalo, donde la falta de transparencia ha significado que “los derechos de las víctimas fueran efectivamente pisoteados y dejados al antojo de los individuos”.
En su comentario, el obispo Arrieta señaló que ya en mayo con la publicación de “Vos Estis Lux Mundi” (“Ustedes son la luz del mundo”) sobre los procedimientos para el manejo de las acusaciones de abuso o del encubrimiento de abuso, el papa Francisco ya prohibió que se impongan acuerdos de confidencialidad a las víctimas.
El obispo también subrayó que la abolición del secreto absoluto –“el secreto pontificio”, el cual es invocado con un juramento — no era lo mismo que eliminar todos los compromisos de confidencialidad.
“El secreto de oficio” aún se aplica a funcionarios del Vaticano y otros involucrados en una investigación o juicio de un clérigo acusado de abuso o a un obispo o superior religioso acusado de encubrimiento. Excepto para compartir información con las autoridades civiles, el secreto profesional básico sirve, como dice la nueva ley, para proteger “el buen nombre, imagen y privacidad de todos los involucrados”.